Jueza federal ordena a ICE mejorar condiciones en centro migratorio de California tras denuncias de abusos

Las denuncias por falta de agua potable, alimentos, atención médica y condiciones insalubres en un centro de detención migratoria en California llegaron a los tribunales, donde una jueza federal determinó intervenir y ordenó cambios inmediatos para proteger a las personas detenidas.

La jueza Sunshine S. Sykes emitió una medida cautelar contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y GEO Group, empresa encargada de operar el Centro de Procesamiento de Adelanto, al considerar que existen indicios de posibles violaciones a la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos debido a las condiciones reportadas dentro de las instalaciones.

Denuncian falta de agua, comida y atención médica

La resolución señala que los migrantes detenidos habrían enfrentado diversas carencias, entre ellas:

• Falta de acceso constante a agua potable.
• Alimentos insuficientes.
• Atención médica deficiente.
• Problemas de higiene y limpieza.
• Presencia de moho en las instalaciones.

La intervención judicial ocurre después de una demanda colectiva presentada por personas detenidas en enero de este año, luego de los fallecimientos de los migrantes mexicanos Ismael Ayala Uribe y Gabriel García Avilés, quienes murieron con pocas semanas de diferencia mientras permanecían bajo custodia.

Estas son las medidas que deberá aplicar el centro

Mientras continúa el proceso legal, la jueza ordenó que el Centro de Procesamiento de Adelanto garantice una serie de condiciones mínimas para las personas detenidas:

• Agua potable disponible las 24 horas.
• Alimentación suficiente y con las calorías necesarias.
• Productos de higiene gratuitos.
• Limpieza diaria y eliminación de moho.
• Cobijas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.
• Al menos cuatro horas diarias de acceso al patio.
• Limitaciones al uso del aislamiento.
• Dos revisiones diarias para confirmar el estado de las personas detenidas.

Además, las autoridades tendrán un plazo de 14 días para presentar un plan de atención médica, mientras que supervisores independientes verificarán el cumplimiento de las medidas ordenadas.

Protestas y denuncias habían aumentado en los últimos meses

La resolución judicial llega después de varias protestas dentro y fuera del centro migratorio. Desde mayo, decenas de personas detenidas en Adelanto y Desert View Annex realizaron huelgas de hambre para denunciar presuntas deficiencias en la atención médica y la alimentación.

Familiares de migrantes también denunciaron supuestos casos de negligencia. Algunos testimonios señalaron que personas con problemas de salud no habrían recibido atención adecuada.

En junio, legisladores demócratas visitaron las instalaciones y denunciaron presuntas represalias contra algunos migrantes que compartieron sus experiencias, incluyendo aislamientos y traslados.

Con esta orden, la jueza busca garantizar que las condiciones dentro del centro cumplan con los estándares constitucionales mientras avanza el juicio principal sobre las denuncias presentadas.