Las clínicas independientes de Texas luchan por sobrevivir a la ley que restringe el aborto casi por completo
Amy Hagstrom Miller ha dicho estos últimos dos meses que sus clínicas de aborto se han paralizado desde que el estado de Texas impuso la ley más restrictiva del procedimiento en todo el país, que corta el acceso antes de que la mayoría sepa que está embarazada.
“Es como si estuviésemos congelados en el tiempo”, dijo Hagstrom Miller, presidente y CEO de Whole Woman’s Health y Whole Woman’s Health Alliance.
“Mi personal tiene que decir que no todo el tiempo, lo que es psicológica y emocionalmente agotador porque están entrenados para atender a todo el mundo, pero bajo esta ley, deben servir como agentes del estado y negarle el cuidado de salud a la gente”.
La legislación conocida como SB 8 entró en vigencia en septiembre y restringe los abortos una vez se detecte actividad cardíaca del embrión, lo que suele ocurrir alrededor de las seis semanas de gestación.
Como consecuencia, las mujeres están llevando sus embarazos no deseados a término, o cruzando las fronteras estatales para lograr acceso al procedimiento.
La legislación permite a personas demandar a los proveedores de servicios de aborto, después del límite del tiempo, y buscar una indemnización por daños y perjuicios de al menos $10,000 por acusado.
El cumplimiento de la prohibición casi total del aborto ha reducido dramáticamente el volumen de mujeres que reciben atención en el estado.
El número de abortos realizados en Texas en septiembre disminuyó 50% en relación con el mismo mes en 2020, de acuerdo al Proyecto de Evaluación de Políticas de la Universidad de Texas, en Austin. Mientras tanto, los proveedores han reducido o dejado de brindar la mayor parte de sus servicios de aborto, lo que en última instancia ha puesto en riesgo a muchas clínicas independientes, como Whole Woman’s Health.
Las clínicas independientes, que ha menudo tienen fines de lucro, son vulnerables a las restricciones al aborto porque carecen de visibilidad, de apoyo institucional y los recursos financieros de otros proveedores como Planned Parenthood, para cumplir con las nuevas regulaciones y mantener abiertas sus puertas mientras los casos avanzan en el sistema judicial.