Se pronuncia la Senadora Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes respecto a desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Se pronuncia la Senadora Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes respecto a desapariciones forzadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Logra punto de acuerdo para que se replantee la política pública del estado Tamaulipeco en materia de desaparición forzada y que repare de manera integral el daño.
Tampico, Tamaulipas.- La senadora por el estado de Tamaulipas, Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, emitió un pronunciamiento referente a las desapariciones forzadas acontecidas durante un operativo militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de enero a junio de 2018.
Su pronunciamiento narra la situación: A dos años del operativo, derivado de acciones erróneas y fuertes omisiones de autoridades en diversos niveles, las familias de 27 víctimas no han encontrado justicia, las autoridades han fallado en salvaguardar los derechos y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.
Al respecto, el pasado 13 de julio de 2020, la CNDH publicó la recomendación No. 36VG/2020 donde se detalla la tortuosa situación que han tenido que enfrentar las familias en su búsqueda por la justicia.
La senadora Covarrubias se suma a esta exigencia de justicia, por lo que presentará en el Senado de la República un Punto de Acuerdo exigiendo la salvaguarda de los derechos humanos, la garantía constitucional del acceso a la justicia y la reparación integral del daño por estos hechos criminales.
El Punto de Acuerdo consiste en la solicitud de una disculpa pública por parte del gobernador de Tamaulipas, del alcalde de Nuevo Laredo y de la Secretaría de Marina, exhorta a la FGR a que realice una investigación pronta y expedita, que no revictimice y que escuche a las familias, además, solicita a las diversas autoridades establecer una búsqueda efectiva y coordinada, de manera puntual exige, un replanteamiento de la política pública del estado Tamaulipeco en materia de desaparición forzada y que repare de manera integral el daño, además pide al gobernador denunciar a los servidores públicos que por acción u omisión permitieran estos crímenes.





