Corren al General Miguel Ángel Ramírez Canchola de Nuevo Laredo
Redaccion
Posted On 2 abril, 2025
La destitución del general Miguel Ángel Ramírez Canchola como comandante de la guarnición militar en Nuevo Laredo ha detonado un clamor social que exige justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y abusos cometidos por personal militar bajo su mando. El relevo del general, que se da tras intensas protestas encabezadas por familiares de las víctimas y activistas de derechos humanos, no significa el fin de la lucha: las familias exigen investigaciones a fondo y sanciones ejemplares.
En una ceremonia realizada ayer martes, 1 de abril, en el interior del nuevo Cuartel Militar, el General Fernando Colchado Gómez, comandante de la Guarnición de la Octava Zona Militar dio posesión al General Rolando Solano Rivera, en un acto donde Ramírez Canchola ni siquiera fue mencionado. Asistieron autoridades municipales y consulares.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, presidido por Raymundo Ramos Vázquez, ha documentado al menos 36 casos de violaciones graves a los derechos humanos en los últimos tres años, incluidas ejecuciones extrajudiciales y homicidios cometidos por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. “La remoción del general no es suficiente. La Secretaría de la Defensa Nacional debe investigarlo a fondo y garantizar justicia para las víctimas”, expresó Ramos Vázquez durante una manifestación frente al cuartel militar.
Por segundo día consecutivo, familiares de las víctimas y activistas se congregaron a las puertas del cuartel militar para exigir justicia y respuestas por parte de las autoridades. Durante la protesta, Ramos Vázquez hizo un llamado directo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitando su intervención inmediata para garantizar que el caso no quede impune. “No basta con la destitución. Necesitamos que la Fiscalía General de la República haga su trabajo, que investigue los delitos y lleve a los responsables ante la justicia”, señaló.
El historial del general Ramírez Canchola está marcado por múltiples acusaciones de crímenes atroces. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió el 26 de febrero de 2023, cuando elementos del 16º Regimiento de Caballería Motorizada asesinaron a cinco jóvenes: Gustavo Suárez, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Pérez Benítez. Cuatro cabos fueron sentenciados a 40 años y 9 meses de prisión por estos crímenes, pero la responsabilidad de la cadena de mando aún permanece en la sombra.
Otros casos de alto impacto incluyen la ejecución de la niña Lidia Iris Fuentes Galván en octubre de 2024, quien murió en medio de un operativo militar en el fraccionamiento Palmares, y el asesinato del menor Armando Hernández Gallardo mientras trabajaba en un servicar para costear sus estudios. La brutalidad también alcanzó a la enfermera del IMSS, Yuricie Rivera, quien fue asesinada en octubre del mismo año.
La lista de víctimas es extensa y el patrón de violencia sistemática parece claro. En mayo de 2023, cinco civiles que huían en una camioneta fueron bajados y fusilados después de chocar contra una barda perimetral. En otro incidente, ocurrido en abril de 2023, elementos de la Guardia Nacional abrieron fuego contra una camioneta familiar, matando a Miriam Mariana Flores Tizano, embarazada de ocho meses, y a Felipe García, un adulto mayor que recibió un disparo por la espalda.
“No podemos permitir que estos crímenes queden impunes. Es urgente una reforma en el uso de la fuerza militar y una depuración en las filas de las fuerzas armadas”, advirtió Ramos Vázquez. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen enfrentando amenazas e intimidación, y la Fiscalía General de la República continúa mostrando lentitud en las investigaciones.
La indignación social no se limita a Nuevo Laredo. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos de todo el país han mostrado su respaldo a las familias afectadas, exigiendo transparencia y rendición de cuentas.
