Estados Unidos entrenó policías mercenarios del GOPES que masacraron migrantes
Texas.- Elementos policiacos que integran el Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas (GOPES) y cuyos algunos de sus integrantes estarían involucrados en la matanza de 19 personas en el municipio de Camargo, fueron adiestrados en Estados Unidos.
De acuerdo con una investigación realizada por Insight Crime, el adiestramiento ocurrió aún después de que funcionarios del gobierno estadounidense, miembros de la sociedad civil de México y algunos políticos señalaron a esa fuerza policiaca de cometer violaciones de derechos humanos.
El 22 de enero, las autoridades descubrieron los 19 cuerpos, baleados y luego calcinados, irreconocibles en una camioneta pickup quemada en el municipio de Camargo, cerca de la frontera con Texas.
Las autoridades han logrado confirmar las identidades de 16 de las víctimas por medio de análisis de ADN; 14 de ellas eran migrantes guatemaltecos que viajaban hacia Estados Unidos, las otras dos tenían nacionalidad mexicana.
El 8 de febrero, la Fiscalía General de Tamaulipas anunció que había evidencia suficiente contra 12 agentes del grupo de operaciones especiales de Tamaulipas (GOPES) para llevarlos a juicio por la masacre.
La recién formada unidad del GOPES ya estaba bajo escrutinio por abusos de derechos humanos las semanas anteriores a la matanza de los migrantes. El 6 de enero, un grupo de por lo menos 25 familias en Ciudad Míer acusó a varios agentes del GOPES de haber “atacado, robado e intimidado” a su comunidad. Se señaló a miembros de ese cuerpo de la desaparición y tortura de cuatro personas.
El 13 de enero, la diputada mexicana Olga Juliana Elizondo instó a la Fiscalía General de Tamaulipas y a la Secretaría de Seguridad Pública a “investigar y, en su caso, sancionar las violaciones de derechos humanos por el GOPES”.
En 2020, un grupo de agentes del GOPES recibieron adiestramiento de autoridades estadounidenses, según el comandante del grupo, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez, quien fue citado en múltiples medios informativos. No está claro cuál fue el organismo estadounidense que brindó el entrenamiento y la manera como este se realizó, pero los agentes de la unidad tienen historial de entrenamiento con las autoridades estadounidenses.
Esa unidad se había reestructurado a partir del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) luego de que sus agentes resultaran acusados de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en 2019, y fueron señaladas por la Administración Antinarcóticos (DEA) estadounidense por presuntos abusos.
A pesar de esos problemas, los agentes del CAIET participaron en adiestramiento táctico junto a agentes locales de Texas en 2019, como lo muestran un video e informes oficiales del gobierno.
Más aún, tres de los 12 agentes arrestados en conexión con la masacre ocurrida en enero recibieron entrenamiento en habilidades básicas y como supervisores de primera línea de la Oficina Estadounidense de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Seguridad (International Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL), según un funcionario del Departamento de Estado.
Según ese delegado, los tres agentes que participaron en el entrenamiento del INL lo hicieron en 2016 y 2017, antes de ser asignados al CAIET o GOPES. El entrenamiento, según el mismo funcionario, se prestó de conformidad con la Ley Leahy, promovida por el senador demócrata Patrick Leahy, de Vermont, la cual prohíbe la financiación de entrenamiento de agentes o unidades de países extranjeros si existe evidencia que los implique en violaciones de derechos humanos.
El grupo CAIET se remonta a 2012, cuando fue creado por el gobierno de Tamaulipas. En enero de 2017, tres meses después de la llegada de Francisco García Cabeza de Vaca a la gobernación del estado, se modificó el mandato de este cuerpo para convertirse en una fuerza especialmente verificada y dotada de armas de grueso calibre.
Esa unidad rinde cuentas directamente a Cabeza de Vaca, un funcionario a quien la fiscalía ha acusado de nexos con grupos narcotraficantes, como el Cartel del Golfo, y tiene una investigación abierta en la Procuraduría General de México por presunto lavado de dinero.
En enero de 2019, poco después del ejercicio de adiestramiento en Texas, videos de vigilancia y tomados con teléfonos móviles captaron a varios agentes del CAIET presuntamente durante un secuestro de hasta siete integrantes de una familia en Díaz Ordaz, al sur de la frontera Estados Unidos-México en Tamaulipas. En los videos, que tuvieron amplia difusión en las redes sociales y el gigante informativo Televisa, puede verse cómo sacan a la familia de su casa por la fuerza y cómo se los llevan en un vehículo que aguarda.
Ese mismo mes, la oficina de la DEA en Phoenix, Arizona, difundió una circular sobre el CAIET. La circular de la DEA señalaba que el grupo estaba adelantando “operativos” en los cuales detenían a personas, que en la mayoría de los casos se encuentran desaparecidas e incluso fueron entregadas a grupos del crimen organizado”.
La fuerza de operaciones especiales se vio de nuevo envuelta en la controversia pocos meses después. A comienzos de septiembre de 2019, varios miembros del CAIET fueron acusados de secuestrar y golpear a ocho personas en Nuevo Laredo, a quienes obligaron a vestirse como sicarios y luego ejecutaron y pusieron armas en las manos para simular la escena de un tiroteo, según relatos de testigos recogidos por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. No hubo videos de ningún supuesto enfrentamiento con algún grupo criminal.
En agosto de 2020, en medio de la controversia que rodeaba al CAIET en Tamaulipas, el gobernador Cabeza de Vaca anunció la formación de un grupo de operaciones especiales supuestamente nuevo, el GOPES. Sin embargo, ese grupo comprende los mismos integrantes del CAIET, incluido su director, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez.
En la época de formación del grupo, Rodríguez fue citado en varios medios de noticias locales en Tamaulipas anunciando que la unidad recibió adiestramiento de Estados Unidos, aun después de que sus miembros fueron blanco de numerosas acusaciones de violaciones a los derechos humanos a lo largo de 2019.