Niños y niñas también sufren desaparición
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas sobre México alertó sobre una tendencia preocupante que detectaron durante su visita a 13 entidades: un aumento en las desapariciones de niños y niñas.
El documento presentado esta semana por los especialistas de la ONU advierte sobre la crisis que vive el país en relación a las desapariciones.
Al menos 95,000 personas se han reportado como desaparecidas en México desde 1964, según las cifras oficiales. El 81% ha sido reportado en los últimos 16 años: desde el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
En Tamaulipas, se contabilizan 11,923 personas desaparecidas en total, de las cuales según el Registro Nacional, 2,018 son menores de edad: 1,197 hombres, 818 mujeres y 2 cuyo género se desconoce. De ese total 381 son niños menores de 12 años.
Los municipios con más casos de desaparición de menores son Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Victoria y Tampico.
El principal problema, alertó el Comité de la ONU, es la impunidad casi total, lo que ha convertido a la desaparición en el “crimen perfecto”.
En el caso de los más jóvenes, la cifra de desapariciones aumentó después del inicio de la pandemia del coronavirus. El grupo de expertos alertó las desapariciones de menores responden, entre otros factores, a motivos relacionados con la violencia sexual (como trata y explotación) o reclutamiento para grupos armados.
En tanto, datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas muestran que las desapariciones de mujeres de entre 10 y 19 años prácticamente duplican a los casos de hombres desaparecidos. Según dicha base de datos, en el rango de edad de 10 a 15 años se han registrado 18 mil 730 casos de niñas desaparecidas, más del doble de los 7 mil 796 niños desaparecidos.
Mientras que en el grupo de 15 a 19 años de edad, se tiene registro de 37 mil 526 mujeres adolescentes desaparecidas, cifra que duplica los 18 mil 028 casos de hombres adolescentes desaparecidos. Así, México acumula 56 mil 256 casos de mujeres de entre 10 y 19 años que han desaparecido, más del doble de los 25 mil 824 hombres desaparecidos del mismo rango de edad. Esta misma preocupación es corroborada por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad que recientemente publicó el informe “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos”.
Este documento advierte, que los niños y adolescentes que se encuentran en situación de amenaza para el reclutamiento y utilización por parte de grupos delictivos, son sobre todo aquellos que no asisten a la escuela: “La no asistencia a la escuela restringe un derecho fundamental de niñas, niños y adolescentes para su desarrollo presente y futuro y de igual manera, la incorporación temprana al mercado de trabajo limita sus derechos y los expone a participar en actividades no permitidas de acuerdo con su edad”.
También se agregan los adolescentes en los centros de tratamiento, o imputados en conductas antisociales.
En el caso de Tamaulipas dan cuenta de 184 adolescentes en centros de internamiento; 768 involucrados en “conductas antisociales”.
En conclusión, según el observatorio, de 1 millón 44 mil niños y adolescentes que viven en el estado, 101,934 se consideran en condición de riesgo o vulnerabilidad de ser resultados por los grupos delictivos, esto quiere decir un 9.8 por ciento.
“La marginalidad opera a favor de la incorporación de niños y niñas a grupos delictivos, ya sea por la necesidad de supervivencia o como medio para alcanzar un nivel de vida decente. No solamente se trata de una problemática relacionada con conductas ilícitas, sino que implica la victimización de un sector en situación de vulnerabilidad que ha sido abandonado por las instituciones estatales y que encuentra en la ilegalidad una opción atractiva para alcanzar aquello que es casi imposible de obtener por medios lícitos”, concluye el estudio.
“No existe una bala de plata que solucione este problema de tajo, pero eso no implica que debamos darnos por vencidos como sociedad.
Atender este fenómeno supone, en primer lugar, admitir la complejidad del mismo al momento de legislar, comprender los matices sutiles de las prácticas de los grupos delictivos para definir políticas criminales que le resten el atractivo al reclutamiento y utilización pero que al mismo tiempo mantengan el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho”.
PIDEN PLAN DE TRABAJO
La alerta del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas sobre el incremento en la desaparición de niños y niñas forma parte de un reporte publicado, después de su visita en noviembre a 13 entidades de la República, entre ellas Tamaulipas.
Acusaron que hay una impunidad casi absoluta, pues hasta el 26 de noviembre pasado solo entre 2 y 6 por ciento de los casos de desaparición había sido judicializado, y sólo se habían emitido 36 sentencias.
Tras darse a conocer el documento, Colectivos de Tamaulipas exigieron al Estado Mexicano la elaboración inmediata del plan de trabajo para que expliquen a las familias buscadoras la forma en que atenderá las recomendaciones de la ONU.
“Exigimos al Estado Mexicano la elaboración inmediata de un plan de trabajo que explique a las familias buscadoras la forma en que se atenderán las recomendaciones del CED de la ONU”, externó Graciela Pérez, representante de Milynali Red Ciencia Forense Ciudadana.
Por medio de un comunicado, el colectivo Milynali manifestó su disposición a fin de participar en el diseño de la Policía Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones. “Que con la experiencia de 10 años desde nuestra desgracia hemos acumulado”, comentó. Milynali dijo que luego de revisar el informe quedaron claros los retos, pero reconocieron el gran trabajo que realizan los colectivos de familias buscadoras.
“Presionando al gobierno federal y estatal para la creación de leyes y reglamentos en favor de las víctimas, de no haber ocurrido estaríamos en una peor situación en cuanto a marco normativo”, subrayó. En el documento, el Comité de la ONU hace énfasis en las fallas en que ha incurrido el gobierno mexicano para combatir la desaparición de personas y arrojó luz sobre la crisis forense, debido a la cual en México hay 52 mil cuerpos sin identificar.
Las entidades más afectadas son Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León.
“Los servicios forenses son insuficientes y varios de los instrumentos previstos en la Ley General todavía no han sido establecidos, y no se cuenta con una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas”, señaló en el documento. El CED observó como una medida positiva la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), el cual cuenta con autonomía técnico-científica para apoyar a los peritajes sobre restos no identificados, pero urgió al Estado a asegurar que cuente con el presupuesto, estructura orgánica e independencia necesarias.
El informe del Comité señaló que un conflicto entre la FGR y la Comisión Nacional de Búsqueda impide que las personas sean localizadas.