Solicitarán CNDH cierre de investigación de ‘masacre’ en Valles de Anáhuac
Redacción
Noticias Telered
A casi más de dos años de ocurrido el caso de Valles de Anáhuac, en el que fueron ejecutados extraoficialmente ocho personas a manos de policías de Tamaulipas, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo solicitará a la Comisión Nacional cerrar el caso y emitir una recomendación hacia las autoridades involucradas.
Raymundo Ramos, presidente del comité dijo que la petición se enviará a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, al Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez y la senadora Guadalupe Covarrubias.
Ramos Vázquez informó que el próximo 5 de septiembre se cumplen dos años de la detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de ocho personas como Severiano Treviño Hernández, Luis Fernando Herández Viesca, Jenifer Hazel Romero López, Cindy Esmeralda Briseño Chapa, Juana Yatzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Martínez, Enrique Pérez Chavez y Wilbert Irrastreto Përez, asesinados por parte de agentes de la Policía Estatal Acreditable y del Centro de Analisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas, (CAIET), en complicidad de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Concluir lo antes posible el expediente de queja CNDH/2/8078/2019/Q, por considerar que ha transcurrido el tiempo suficiente para su documentación, investigación y análisis por parte de la Honorable Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitiendo una recomendación al Gobernador del Estado de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca y señalando particularmente la responsabilidad de Félix Arturo Rodríguez Rodríguez, como Director del CAIET, hoy conocido como Grupo de Operaciones Especiales así como al Secretario de Seguridad Pública y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, debiendo considerar como medidas de satisfacción una Disculpa Pública, reparación integral del daño, medidas de no repetición y otras contemplaciones en la Ley General de Víctimas, dijo Ramos Vázquez.
Como se recordará, en esa fecha, funcionarios del Gobierno de Tamaulipas anunciaron en un comunicado de prensa haber “abatido a ocho integrantes de una célula criminal” durante un supuesto “enfrentamiento” con autoridades estatales y federales.
Sin embargo, el testimonio de víctimas sobrevivientes y habitantes del fraccionamiento Valles de Anáhuac permitieron demostrar que dicho“enfrentamiento” en realidad habría sido un montaje de las autoridades estatales para justificar los homicidios de cinco hombres y tres mujeres, quienes antes de morir fueron esposados, torturados, obligados a vestirse con ropas tipo militar y asesinados con un tiro en la cabeza para finalmente sembrarles armas largas entre sus manos.
De las “investigaciones” por estos hechos realizadas por el fiscal especial Adelfo Gabriel González Pérez, con fecha del 5 de noviembre del 2019 solicitó al Juez de Control del Primer Distrito Judicial de la Primera Región, Aldo René Rocha Sánchez, siete ordenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada dentro de la Carpeta Procesal 232/2019.
Por estos hechos fueron detenidos diez días después solamente dos agentes del Centro de Análisis, Estudios e Información de Tamaulipas (CAIET): José Rafael González Villalpando y Ricardo Guadalipe Mendoza Aguirre. internados en una cárcel de Tula, Tamaulipas.
Otros tres policías estatales solicitaron el beneficio de criterio de oportunidad para “colaborar” con las autoridades investigadoras a cambio de cancelarlas órdenes de aprehensión en su contra, siendo estos Zayra Concepción Guevara Garza, Juan Carlos Vicencio Zuvirie y Azariel Urbina Arguelles, actuación que fue acordada por el Fiscal Especial el 6 de noviembre del 2020, sin informar a familiares de las víctimas los alcances, objetivos de esta decisión y su fundamento legal.