Vinculan a proceso a la alcaldesa de Tenancingo, acusada de fingir su propio secuestro

Tras casi 12 horas de audiencia inicial, la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, fue vinculada a proceso por el delito de simulación de secuestro. La política salió sin dar declaraciones.

A su salida, elementos de seguridad municipal agredieron a los representantes de los medios de comunicación que hacían la cobertura.

El juez del caso impuso las medidas cautelares de presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares y la prohibición de acercarse al testigo. Asimismo, aprobó la suspensión condicional del proceso por el lapso de seis meses, pero estableció tres condiciones.

Se trata de residir en un lugar determinado, siendo la dirección de la constancia domiciliaria, y prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública.

Además, deberá someterse a la vigilancia que determine el juez, por lo que se debe presentar a firma de manera trimestral ante este juzgado los primeros cinco días del mes, entre otras medidas.

Previamente, el abogado de la política, José Antonio Uribe, compartió que en la audiencia el Ministerio Público (MP) formuló la imputación en contra de la alcaldesa sin dar mayores detalles. Reveló que existe un acuerdo de confidencialidad y por ello no darán mayor información.

“En este momento se tiene este secreto de confidencialidad a través de lo que se ha firmado”, expresó.

“Discúlpeme, parte del secreto de confidencialidad que tengo precisamente con este contrato de prestación de servicios no se les puede dar más exposiciones en ese sentido; atenderán los medios en un lugar distinto”.

En el lugar permaneció un grupo de pobladores inconformes por la administración de la alcaldesa, por lo que había elementos de seguridad municipal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fiscalía mexiquense) acusó a la alcaldesa de Tenancingo de haber planeado presuntamente su secuestro, en conjunto con familiares, el pasado 31 de mayo.

Esto con la finalidad de cobrar un rescate con el que buscaba cubrir un desfalco financiero de 40 millones de pesos cometido en el municipio.