Darían 6.317 años de prisión para integrantes de una red digital

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Tarragona , España.- La alerta de un Centro de Menores tutelados de Tortosa permitió destapar una red que se dedicaba a abusar sexualmente de menores y grabar pornografía infantil.

Siete personas fueron detenidas en Tortosa, Cubelles, Xàbia, València y Barakaldo. La Fiscalía pide 6.317 años de prisión para ellos, acusados de delitos de abusos sexuales y corrupción de menores, producción y distribución de material pornográfico infantil, y de organización criminal.

Con la llamada Operación Trinity se desmanteló la red pedófila que captaba menores de edad en situaciones de precariedad o dificultades en la cual pagaban entre 10 o 20 euros, según el acto sexual que accedían a practicar.

Habían captado a los menores en Tortosa, Barcelona, València, Marruecos, Tailandia, Rumania o Vietnam, entre otros.

Hay 103 víctimas identificadas y la Fiscalía también reclama una indemnización por daños morales de hasta 55.000 euros para ellas. El juicio podría celebrarse el primer trimestre del año que viene a la Audiencia de Tarragona.

El perfil de las víctimas era el de niños vulnerables, a algunos de los cuales buscaron directamente en los servicios de las administraciones públicos que estaban encargados de su tutela, como el centro de menores tutelados de Tortosa, en Tarragona.

Los acusados, según la Fiscalía, se acercaban a los pequeños, algunos de solo 11 años de edad, y les ofrecían dinero (5, 10 o 20 euros, dependiendo de los actos sexuales que les exigieran) o droga a cambio de participar en las películas pornográficas.

Las grabaciones se llevaban a cabo en el domicilio de los acusados, donde la Policía incautó equipos profesionales de grabación y de iluminación. Por esas viviendas pasaron más de 100 menores.

El Gobierno regional ejerce de acusación particular, debido a que siete de las 103 víctimas identificadas –aunque podrían haber más– eran menores tutelados que vivían en Centros de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).

Otros seis habían estado en algún momento bajo la tutela de la administración catalana debido a su situación de alta vulnerabilidad.

Precisamente, fue una denuncia de personal de la DGAIA en Tortosa la que dio comienzo a una minuciosa y laboriosa investigación.

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Redacción Telered

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