En su Informe de este martes, el Comit\u00e9 contra las Desapariciones Forzadas de la ONU hizo especial \u00e9nfasis en la necesidad de abandonar el enfoque de militarizaci\u00f3n de la seguridad p\u00fablica en M\u00e9xico, como parte de sus recomendaciones para erradicar en el pa\u00eds el delito de desaparici\u00f3n forzada.<\/p>\n\n\n\n
Recuerda que en los \u00faltimos 14 a\u00f1os se han emitido 162 recomendaciones de la CNDH a las Fuerzas Armadas por presuntas violaciones a los derechos humanos, 15 de ellas con relaci\u00f3n a desaparici\u00f3n forzada.<\/p>\n\n\n\n
En el documento de 30 p\u00e1ginas que se entreg\u00f3 a las secretar\u00edas de Gobernaci\u00f3n y Relaciones Exteriores se\u00f1ala que como ha sido \u201campliamente denunciado en el \u00e1mbito nacional e internacional\u201d, el enfoque de seguridad p\u00fablica adoptado por el Estado desde los a\u00f1os noventa y fomentado por la reforma legislativa del 2006 y m\u00e1s recientemente en 2019, \u201cha sido insuficiente e inadecuado en lo que ata\u00f1e a la protecci\u00f3n de derechos humanos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Refiere que pese a que, en el Decreto del 26 marzo de 2019, que reforma el art\u00edculo 21 de la Constituci\u00f3n y crea la Guardia Nacional como una instituci\u00f3n policial de car\u00e1cter civil adscrita a la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica, se observa que la mayor\u00eda de sus elementos cuentan con instrucci\u00f3n militar: de sus 101 mil 182 elementos, el 58 por ciento provienen de Sedena, 26 por ciento de la ex Polic\u00eda Federal y 16 por ciento de la Secretar\u00eda de Marina (Semar).<\/p>\n\n\n\n
A esto se suma el Acuerdo Presidencial publicado en mayo de 2020, que ordena a la Fuerza Armada permanecer en las funciones de seguridad p\u00fablica. Adem\u00e1s, la Ley de la Guardia Nacional, Ley Nacional de Uso de la Fuerza y Ley Nacional del Registro de Detenciones, adoptadas en 2019, permiten la utilizaci\u00f3n extensiva de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
En 2021, Sedena y la Guardia Nacional se encontraban entre las 10 autoridades se\u00f1aladas con mayor frecuencia en los expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos registrados por la CNDH, y Sedena y la Secretar\u00eda de Marina se encontraban entre las 5 autoridades federales con mayor n\u00famero de recomendaciones en tr\u00e1mite.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa permanente participaci\u00f3n de la Fuerza Armada establecida en la reforma constitucional del 11 de mayo de 2021, a pesar de presentarse como \u2018extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria\u2019, permite poner en duda su conformidad con los est\u00e1ndares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En vista de lo anterior, el Comit\u00e9 inst\u00f3 al Estado a abandonar el enfoque militarizado de seguridad p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa pol\u00edtica p\u00fablica de seguridad debe construirse en plena concordancia con los principios internacionales de derechos humanos y garantizar el car\u00e1cter civil de las instituciones de seguridad, conforme al art\u00edculo 21 de la Constituci\u00f3n. Por lo tanto, el Comit\u00e9 reitera su recomendaci\u00f3n de fortalecer a las fuerzas civiles del orden y requiere al Estado parte establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad p\u00fablica\u201d, subraya la recomendaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El Comit\u00e9 expres\u00f3 su agradecimiento por la cooperaci\u00f3n y facilidades brindadas por M\u00e9xico antes y durante la visita que realiz\u00f3 entre el 15 y 26 de noviembre del a\u00f1o pasado.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el reglamento, el Comit\u00e9 le otorga a M\u00e9xico un plazo de 4 meses para presentar las observaciones que considere oportunas sobre el presente informe y dar\u00e1 seguimiento a la implementaci\u00f3n de sus recomendaciones en coordinaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n con el Estado parte y los diversos actores implicados.<\/p>\n\n\n
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